CABECERA

Preocupa líderes iglesias ley Antiinmigrante Florida

Como en Arizona, impediría iglesia ayude indocumentados

El miércoles se presentó en el Senado de Florida, Estados Unidos, el proyecto de ley SB-136 que propone permitir a policías solicitar a presuntos inmigrantes ilegales prueba de su estatus migratorio.

Miami.- Un proyecto de ley antiinmigrante en Florida, similar a la aprobada Ley SB1070 de Arizona, pone en peligro la capacidad de iglesias de ayudar a indocumentados a través de sus programas, denunciaron lideres religiosos.

El Proyecto presentado el miércoles ante la legislatura estatal del estado por el senador republicano de Florida, Mike Bennett, permitiría a la policía preguntar a presuntos inmigrantes indocumentados demostrar su estatus migratorio y penalizarlos con multas superiores a los 100 dólares o cárcel por no portar la debida documentación.

Desde la aprobación de la polémica Ley de Arizona en la primavera pasada, muchos republicanos de Florida, entre ellos el gobernador electo Rick Scott, han argumentado que el estado necesita una ley similar e incluso la utilizaron durante la reciente campaña política.

El proyecto de ley ha generado la preocupación de los grupos que defienden los derechos civiles y entre líderes religiosos quienes alegan que afectará su capacidad para ayudar a los demás a través de sus programas.

“La mayoría de las religiones del mundo dicen que el buen ejercicio de la fe es ayudar a las personas que lo necesitan. No se detienen y preguntan”, dijo a la prensa Russell Meyer, el director ejecutivo del Consejo de Iglesias de Florida.

El proyecto además creará en los grupos de ayuda la preocupación de violar la ley si se asocian con personas que están indocumentadas que viven en el país, señaló por su parte el obispo Ed Benoway de la iglesia luterana.

Al presentar el proyecto, Bennett dijo que a diferencia de la Ley de Arizona la versión de Florida no promoverá la discriminación racial.

Bennett dijo que uno de los objetivos de la ley es deportar a un estimado de mil 300 inmigrantes indocumentados del sistema penitenciario del estado que han sido condenados por drogas y otros delitos no violentos, ni sexuales, que cuestan cada uno al estado 20 mil dólares al año.

(Fuente: christianpost.com)