Ciudad del Vaticano.- El Vaticano anunció hoy que avanzará en una reforma del derecho canónico, la ley que rige a la Iglesia católica, para agilizar procesos y adecuar penas contra curas infractores, incluso los culpables de abusos a menores. El anuncio fue hecho por Juan Ignacio Arrieta, secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, en un artículo publicado por el diario oficioso de la Sede Apostólica, L"Osservatore Romano. La publicación además difundió tres cartas inéditas de Joseph Ratzinger, el actual Papa Benedicto XVI.
"En las próximas semanas el Pontificio Consejo enviará a los propios miembros y consultores un borrador con algunas propuestas para la reforma del libro VI del Código de Derecho Canónico (CIC), base del sistema penal de la Iglesia", escribió Arrieta.
Agregó que esta iniciativa fue solicitada por el mismo Papa en septiembre de 2007 y que desde entonces una comisión de expertos penalistas trabajó, por casi dos años, revisando el texto del CIC que fue promulgado en 1983.
Según consideró Arrieta, existen algunas decisiones incluidas en aquella época en el capítulo VI del Código, titulado "De las sanciones en la Iglesia", que "han demostrado no ser tan efectivas".
Algunas de estas fallas quedaron expuestas en las tres cartas inéditas que fueron firmadas por el entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger.
En una de ellas, de 1988 y dirigida al cardenal José Rosalío Castillo Lara, entonces presidente de la Comisión para la Interpretación Auténtica del CIC, pidió "un procedimiento más rápido y simplificado" para castigar los abusos sexuales contra menores de parte de clérigos.
Según Ratzinger en su sección del Vaticano, por ese tiempo habían llegado peticiones de obispos que solicitaban la dispensa de los deberes sacerdotales de parte de presbíteros que habían cometido "graves y escandalosos" comportamientos.
El entonces purpurado se quejó porque la dispensa es una "gracia" concedida a quien lo solicita y no una pena, que en estos casos debería ser la "reducción al estado laical".
Se lamentó porque, de esta manera, al conceder la dispensa del sacerdocio al culpable de un abuso sí se aceleraba su exclusión del orden presbiterial, pero no se le sancionaba realmente.
Además constató que, según las normatividades contenidas en el Código de Derecho Canónico, si un obispo quisiera procesar a un cura pederasta "encontraría demasiadas complicaciones para hacerlo".
